Desde el SAF denunciamos nuevamente la política del Gobierno andaluz de continuar encargando funciones propias del personal funcionario a la empresa pública TRAGSATEC, en detrimento del principio de reserva funcionarial y del acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
La última resolución, firmada el 27 de marzo de 2025 por la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, modifica y amplía un encargo previo a TRAGSATEC para apoyar en la gestión y justificación de subvenciones financiadas con fondos públicos, tanto con cargo al IRPF como a otras líneas de ayudas.
Este nuevo encargo supone:
- Un incremento de personal externo: se refuerza el equipo con 26 personas a partir del 1 de abril de 2025, que se suman a las 34 ya previstas hasta marzo del mismo año.
- Una ampliación de vigencia del encargo hasta marzo de 2026.
- Una nueva valoración económica global que asciende a 2.431.206,74 €, que se abonarán a TRAGSATEC con cargo a distintas partidas presupuestarias de los años 2024, 2025 y 2026.
- La certificación del trabajo se realizará por expediente justificado, sin control previo ni garantía de eficiencia por parte de la Junta de Andalucía.
Pese a que desde SAF hemos instado a Presidente Moreno a dejar de contratar con TRAGSA, una vez más, el Gobierno andaluz justifica este desvío de fondos públicos a una empresa instrumental con el argumento de la “falta de medios personales propios”. Una falta de personal que no es coyuntural, sino consecuencia directa de su voluntad política de no cubrir las plazas necesarias mediante ofertas de empleo público ni procesos de promoción interna.
Desde el SAF denunciamos esta situación como un atentado contra los principios constitucionales de acceso al empleo público, mérito y capacidad. Por ello, hemos procedido a impugnar esta nueva resolución de encargo en defensa del interés general y del papel esencial del personal funcionario en la gestión de los servicios públicos.
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