El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y a la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, en relación con la reforma de la estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía.
El pasado 24 de junio de 2025 se publicaron las Ofertas de Necesaria Cobertura (ONC) del Concurso Abierto y Permanente (CAP).
En una reunión previa, la SGAP trasladó la intención de detraer 71 plazas de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de dichas ONC, con el objetivo de financiar parte de la nueva estructura preventiva. Desde el SAF rechazamos por escrito esta detracción al considerarla improvisada, inconsistente y carente de información suficiente.
El SAF comparte la necesidad de actualizar la normativa (Decreto 304/2011) y la propia estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales. No obstante, manifiesta su preocupación sobre la forma en que se aborde la reforma, especialmente en lo relativo a:
- Garantizar una dotación suficiente en las estructuras provinciales frente a un refuerzo exclusivo de la estructura central.
- Asegurar la integración de los actuales Asesores Técnicos en PRL (ATPRL) en la nueva organización, teniendo en cuenta la creación de los nuevos cuerpos A1.2030 y A2.2020.
Solicitudes a la Administración
En nuestro escrito, hemos exigido a la Administración que:
- Se pronuncie sobre la existencia de un borrador de decreto regulador de la nueva estructura preventiva.
- En caso afirmativo, se traslade copia del mismo a esta organización sindical para su análisis.
- Si aún no existe borrador de decreto, se facilite el documento de trabajo que defina la estructura diseñada.
- Se convoque una reunión conjunta con ambas Direcciones Generales para presentar la nueva estructura y sus elementos esenciales, con margen suficiente para su estudio previo.
El SAF continuará defendiendo la transparencia, la negociación real y la adecuada dotación de medios en materia de prevención de riesgos laborales, en beneficio del personal funcionario y del conjunto de la Administración andaluza.
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